Piedras en el ITT

La petición presidencial dirigida a la Asamblea Nacional con el fin de obtener la autorización para explotar el bloque 43 (ITT) y el 31 (que ya se está explorando desde el 2012) contiene un argumento, la necesidad económica de aprovechar los recursos, y dos justificaciones: la ambiental y la jurídica.

Antes de analizarlos, debemos preguntarnos por qué recién se pide permiso para explotar el bloque 31. ¿Se pretende convalidar una actividad que estaba prohibida por la Constitución?

Ahora bien, entre los argumentos económicos que se han presentado existe uno que es contundente. Me refiero al decaimiento de la producción de los pozos petroleros por su maduración, lo que motiva la exploración y explotación de nuevos pozos para mantener a la economía en movimiento. Es claro que somos un país que depende del petróleo y, lamentablemente, este gobierno ha incrementado esa dependencia de forma desmedida. No se ha desarrollado el sector privado y todo lo que se mueve a nuestro alrededor está relacionado con los petrodólares. Esto hace que nuevos pozos necesiten ser explotados y el ITT tiene jugosas reservas.

Lo que preocupa entonces no es el único argumento económico creíble (el otro sobre terminar con la pobreza es trillado, falaz e imposible) sino las dos justificaciones, y, entre ellas, la jurídica. Esta pretende eliminar el obstáculo más importante que el gobierno tiene que sortear: la imposibilidad de realizar actividades extractivas en territorios de pueblos en aislamiento. La Constitución (Art. 57) es contundente, dice que en esos territorios “estará vedada todo tipo de actividad extractiva”. No da lugar a interpretación alguna. No abre la puerta a la consulta previa o a la prelegislativa, tampoco a la consulta popular. La única manera de no acatarla es cambiando la Constitución.  

Por eso, el debate sobre la existencia de estos pueblos en el bloque 43 y en el 31 es el punto neurálgico en esta discusión. Y, hasta el momento, al gobierno le ha ido muy mal. La existencia de dos mapas, el uno con la mitad del pueblo “nashiño” dentro de los bloques 43 y 31 y el otro sin la presencia de pueblos en bloque alguno (incluso fuera del bloque Armadillo), genera dudas abismales. El Ministerio de Justicia, responsable del tema, ha dicho que el primer mapa no está actualizado y que el segundo es el correcto. Sin embargo, hace cuatro meses remitió a la CIDH el mapa que ahora rechaza. Contradicciones peligrosas.


©Artículo publicado en diario El Heraldo (10-09-2013)

Comentarios

  1. Esteban, entiendo que algunas de las afirmaciones que haces es que se estaba operando en el bloque 31 sin permiso. Afirmación que me genera dudas. Ello significa que, entre otras cosas, ¿las operaciones se estaban llevando a cabo sin licencias ambientales debidas en materia hidrocarburifera? O, ¿que las instituciones estatales encargadas de su emisión; Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores, entre otros, actuaron sin observancia de las disposiciones constitucionales? De ser el caso, ¿estos actos administrativos pueden ser impugnados?

    En fin, mi pregunta es: ¿cuál es el fundamento para afirmar que las operaciones del bloque 31 se estan/estaban desarrollando sin permiso?

    Saludos,
    Ma.Lorena Narváez

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    1. Lore, las actividades de exploración y explotación en el bloque 31 empezaron el 2012. Contaban con licencias ambientales y permisos emitidos antes de la Constitución del 2008, es decir, sustentados en la de 1998. Debido a que no existe ninguna transitoria en la Constitución del 2008 que mantenga las licencias o permisos ambientales otorgados antes del 2008 para la extracción de recursos naturales, esos permisos debieron retirarse. Esto, debido a que el Art. 57 es tajante y los permisos se otorgaron en un bloque donde existen posibles asentamientos de pueblos en aislamiento voluntario. Esto se ratifica con el mapa presentado por el MAE en el 2010. Por lo tanto, se tuvo que haber parado la exploración y explotación del bloque 31 en el 2012. En mi criterio, las intutuciones que mencionas actuaron sin observar la prohibición constitucional. Sus actos podrían ser impugnados porque contravienen lo establecido en la Constitución, o no tienen validez por ser anteriores a la Constitución del 2008.

      Saludos,

      ETC

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